Existen diversos motivos por los cuales un país puede decidir no tener tratados de extradición con otros países, como pueden ser cuestiones políticas, religiosas, ideológicas o de derechos humanos.
Conforme al principio de doble incriminación, los hechos por los que se reclame la extradición deben ser constitutivos de delito tanto en la legislación penal del Estado requirente como de acuerdo a las normas penales españolas.
Cada Estado tiene la potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.
El fenómeno del here falso autónomo es un problema creciente en España, y en particular en Málaga, donde muchas personas se ven obligadas a trabajar bajo
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
Esto puede permitir que los delincuentes se refugien en dichos países y eviten enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
10. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para mejorar la cooperación judicial entre países?
La cooperación internacional y la utilización de otros mecanismos legales pueden permitir que los criminales sean llevados ante la justicia y que se haga cumplir la ley.
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A pesar de la ausencia de un acuerdo formal de extradición, España puede realizar una solicitud de extradición sobre la foundation de la reciprocidad, las buenas prácticas internacionales o acogiéndose a las convenciones de las Naciones Unidas si ambos países son partes de dichos tratados.
Aunque no exista un acuerdo específico de extradición, la extradición aún puede ser posible si el país en cuestión tiene tratados de derechos humanos con España que incluyan cláusulas de cooperación en materia penal. Sin embargo, las garantías de derechos humanos pueden servir también como un argumento en contra de la extradición si hay riesgos de que la persona sea sometida a tortura, tratos inhumanos o degradantes, o si la persona enfrenta la pena de muerte. En estos casos, la extradición podría estar condicionada a ciertas garantías o ser denegada.
Aunque la falta de acuerdo de extradición puede suponer un obstáculo para la justicia, existen soluciones y mecanismos que pueden facilitar la cooperación entre países.
Actualmente, México tiene acuerdos para la extradición de personas con al menos 31 países diferentes, la mayoría de ellos en América y Europa, un porcentaje que predomina en la mayoría de las naciones y con el que se han fraguado grandes detenciones y enjuiciamientos, tanto en territorio nacional como extranjero.
Eso sí, no sin resistirse, porque el país norteamericano tuvo que librar una intensa y larga batalla para conseguir su extradición desde el Reino Unido.